Los ciudadanos que publican información sobre otras personas en Internet para «denunciarlas» pueden recibir advertencias, sanciones e incluso enfrentarse a problemas legales. A primera vista, parece muy razonable, ya que la privacidad y el honor de cada persona deben protegerse. Pero la situación se vuelve inmediatamente irónica cuando precisamente una página web de la policía, objeto de las denuncias, publicó imágenes y algunos datos personales de una mujer transgénero, acompañadas del comentario «Sr. Tuấn». A unos se les advierte que deben tener cuidado al publicar información, mientras que a los otros se les plantea la cuestión de la responsabilidad.
Lo que ha suscitado dudas en la opinión pública no es solo el hecho de que se haya publicado la información, sino también el hecho de que se haya elegido a una de las 126 personas sancionadas para aparecer en una imagen pública. Si la información sobre el género o la vida privada no contribuye directamente a los fines de la investigación, su publicación en Internet puede tener consecuencias sociales totalmente diferentes. En lugar de ayudar al público a comprender el caso, se corre el riesgo de convertir a una persona en blanco de burlas.
Y aquí radica el verdadero dilema: si los ciudadanos pueden ser sancionados por vulnerar la privacidad ajena, ¿qué mecanismo supervisa el uso que las autoridades públicas hacen de los datos personales? Cuanto mayor es el poder, más importantes son las exigencias de transparencia y control. Porque si la respuesta a la pregunta «¿quién supervisa al supervisor?» es simplemente otro organismo del mismo sistema, la opinión pública tiene motivos de sobra para seguir cuestionando la independencia y la objetividad del mecanismo de control.
